Un pacto entre las defensas y la Fiscalía ha saldado con penas de hasta 21 años de prisión la causa con 17 acusados de administrar una red de prostíbulos en Cataluña donde al menos 41 mujeres estuvieron vigiladas, en condiciones insalubres y obligadas a estar disponibles las 24 horas del día para ofrecer servicios sexuales.
El juicio estaba previsto para el lunes en la Audiencia de Tarragona, con dos testigos protegidas llamadas a declarar, y se anuló ante el pacto que el tribunal refleja este martes en una sentencia consultada por Europa Press.
Los acusados han admitido delitos de asociación ilícita, contra los derechos de los trabajadores, de blanqueo de capitales y 41 delitos de determinación de la prostitución, y las penas más altas son para los cuatro líderes de la organización mientras que el resto de condenas oscilan desde los seis meses hasta los tres años de cárcel.
Para todos se ha tenido en cuenta como atenuante que el procedimiento se ha alargado más de una década, ya que los delitos que han admitido los cometieron entre 2008 y 2010, y en ese tiempo utilizaron al menos a 41 mujeres e hicieron operaciones bancarias por 9,5 millones de euros.
La organización contaba con un prostíbulo en Tortosa (Tarragona), dos en Tarragona, dos en Vilanova i la Geltrú, uno en Sabadell (Barcelona) y dos en la capital catalana, y a menudo intercambiaban a las mujeres entre locales.
Como ellos mismos han reconocido, obligaban a las víctimas a estar disponibles en cualquier momento, «a la total disposición de los clientes que quisieran tener relaciones sexuales, durante las 24 horas del día, sometidas a la imposición de multas si alguna de ellas incumplía ‘el régimen interno del club’ como pudiera ser salir del local» o negarse a tener sexo.
CON «MULTAS» Y SIN ACCESO AL DINERO
Utilizaban un sistema de «multas» a las mujeres y en caso de incumplieran las normas, de manera que se les restaba una sanción de la retribución del día, que no tenían a su disposición.
Cada mujer recogía el dinero después de cada servicio sexual y a continuación debían entregarlo a la ‘mami’ del local, que al final de la jornada daba a cada una «el porcentaje que les correspondía según los servicios realizados, sin que las chicas que prestaban los servicios tuvieran la disponibilidad del dinero».
Entre los condenados está el líder y las principales administradoras de los prostíbulos, que recogían el dinero recaudado; también la responsable de las encargadas de los locales (‘mamis’) y la mujer que se encargaba de los pagos y cobros y firmaba documentación cuando hacía falta para «evitar contacto directo con otras personas como medida de seguridad».
Uno de los acusados que se dedicaba a trasladar a las mujeres entre prostíbulos y participaba en la vigilancia, junto a otros hombres encargados de «labores de seguridad en los locales del entramado delictivo en caso de incidentes con los clientes, dedicándose a controlar a las mujeres, así como vigilarlas, empleando la fuerza física con ellas si era necesario».
FIANZA PARA 21 DÍAS
Al aceptar trabajar allí, las mujeres depositaban una fianza que las obligaba a no salir del prostíbulo durante los primeros 21 días, y después tenían como máximo una hora libre para salir a la calle, nunca más tarde de las 19 horas.
Las mujeres aceptaban las condiciones laborales al inicio por su «situación de necesidad»: la mayoría eran extranjeras sin permiso de residencia en España y en situación precaria, lo que les impedía conseguir un contrato laboral.
CONDICIONES «EXTREMADAMENTE DURAS» Y HUMILLACIONES
Vivían bajo vigilancia, en condiciones de hacinamiento, insalubres y «extremadamente duras y se prolongaban en el tiempo, pues debían mantener relaciones sexuales con los clientes que allí acudían inclusive en los días de menstruación» bajo amenaza de ser multadas si se negaban.
Las trataban «humillándolas y dándoles un trato como si de animales se trataran», y estaban atemorizadas ante los rumores que difundían los acusados sobre supuesto crímenes que había cometido la organización.
Para ocultar los beneficios, el líder de la red tenía un bar en Tarragona y varios locutorios, ONGs y sociedades pantalla, y el hombre no tenía propiedades a título personal pero intervenía como administrador de estas sociedad, y compró sin hipoteca una vivienda a nombre de su mujer.
