Barcelona, 4 jun (EFE).- La Fundación Española de Abogados Cristianos ha pedido a la justicia que obligue a la Generalitat de Cataluña a retirar unos videocuentos para niños sobre la identidad de género que ha elaborado el Departamento de Igualdad y que no se divulguen en los colegios.
La asociación denuncia que en estos vídeos, entre otros contenidos, puede verse a un padre embarazado que, junto a una serie de frases en off, «incita directamente a ser diferente», y por el contexto se entiende que «ser diferente quiere decir ser transexual, bisexual, homosexual».
Los vídeos en cuestión se encuentran en ladiferencia.cat, una web con apoyo de la Generalitat que produce recursos didácticos para una educación inclusiva con perspectiva LGTBI y de género, adaptados a las diferentes edades escolares.
Ante el contenido de estos videocuentos, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado en un juzgado de Barcelona un recurso contencioso-administrativo y la solicitud de medidas cuatelarísimas para que se inste a la Generalitat a su retirada y se prohíba su reproducción en los colegios catalanes.
Esta organización de juristas aduce en su recurso que estos videocuentos atentan «contra el derecho de los padres a educar libremente a sus hijos», a la protección de la juventud y la infancia y al deber de la administración a «ser neutral y objetiva».
Según esta asociación de abogados cristianos, «las consecuencias de insistir en edades tempranas en romper la estructura biológica induce no siempre a incongruencia de género temprana. Las afecciones que pueden padecer en el futuro están muy relacionadas con lo que hoy día denominamos ‘salud mental’. Obviamente no se sabe medir con exactitud si estas consecuencias son a corto, largo plazo o de forma permanente, de por vida».
En este sentido, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha subrayado, en un comunicado, que «impartir estos contenidos a niños de tan corta edad solo sirve para confundirles».
Según Castellanos, además «del daño que se le causa a los menores, supone una flagrante vulneración de los derechos fundamentales». EFE
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